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Otro elemento crucial en México es el efecto en la confianza pública hacia las autoridades encargadas de la aplicación de la normativa, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Programas como el alcoholímetro en zonas de inspección obligatorios dependen de instrumentos verificados para su éxito, y cualquier anomalía podría afectar la confianza de estas estrategias, que han evidenciado mitigar hasta un 30% los accidentes viales en áreas urbanas, según análisis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la ajuste no es solo un procedimiento técnico, sino una obligación profesional y jurídica que certifica la imparcialidad en la ejecución de penalizaciones, salvaguardando tanto a los choferes sobrios como a la sociedad en general de los amenazas del ebriedad al volante.