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Otro aspecto crucial en México es el impacto en la confianza pública hacia las instituciones encargadas de la aplicación de la regulación, como la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Policía Federal de Caminos. Operativos como el alcoholímetro en zonas de revisión obligatorios basan de equipos calibrados para su funcionamiento, y cualquier irregularidad podría erosionar la credibilidad de estas estrategias, que han demostrado disminuir hasta un 30% los accidentes viales en áreas urbanas, según estudios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por ello, la recalibración no es solo un procedimiento técnico, sino una obligación moral y jurídica que certifica la justicia en la imposición de penalizaciones, resguardando tanto a los automovilistas sobrios como a la población en general de los riesgos del consumo excesivo al volante.